Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró constitucional la llamada “Ley Guarura”, que garantizó seguridad personal al exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, casi de forma vitalicia, con cargo al erario público.
Lo anterior, al declarar improcedentes las acciones de constitucionalidad 158 y 159 del 2021, promovidas por diputados locales de Morena y el Poder Ejecutivo Federal.
A través de ambos recursos, se solicitaba declarar la inconstitucionalidad de diversas reformas a la Constitución local, la Ley de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mediante la cual la 63 legislatura, de mayoría panista, aprobó que, al final de su mandato, el gobernador, y sus secretarios de seguridad pública, general de gobierno y el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, reciban protección personal por un periodo de tiempo similar al que ejercieron el cargo.
Dicho beneficio podrá ser prorrogable si las condiciones lo ameritan, lo que podría significar que sería vitalicio.
Aunque el proyecto de sentencia era declarar inconstitucional los decretos publicados en septiembre del 2021 en el Periódico Oficial del Estado, (POE), la mayoría de los ministros votó en contra y con ello avaló la constitucionalidad de las normas impugnadas.
Al justificar la protección a los exservidores publicos, la ministra, Margarita Rios Farjat, argumentó que, hay funcionarios que en el ejercicio de su cargo arriesgan su seguridad personal y al terminar su mandato pueden quedar vulnerables.
Por esa razón consideró que, recibir protección personal al concluir su responsabilidad publica no es un privilegio o beneficio perverso.
“De hecho, habrá funcionarios que no querrán esa protección porque a nadie le gusta traer un aparato de seguridad, pero es mejor que exista en la norma y no solicitarla sin un marco normativo” señaló.
Consideró destacable que los funcionarios tengan la confianza de que los protegerán en el futuro.
Cabe recordar que, en su momento la “Ley Guarura” fue sumamente cuestionada por partidos de oposición y un amplio sector de la sociedad, al considerar que fue diseñada para beneficiar directamente al entonces gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca.
El enojo ciudadano fue mayor porque la reforma fue diseñada para que, Cabeza de Vaca y los otros funcionarios beneficiados, puedan seguir contando indefinidamente con escoltas personales pagados con dinero público.
