Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), de que cualquier reforma a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento internos del Congreso del Estado, debe ser aprobada por 24 de los 36 diputados integrantes del Pleno y no solamente por 19, abre la posibilidad de que otras reformas aprobadas con mayoría simple sean invalidadas, entre ellas la que dio origen a la Junta de Gobierno.
El coordinador de los diputados del PAN, Félix Fernando García Aguiar, señaló lo anterior luego de conocer la resolución, emitida este lunes por el Pleno de la SCJN, con la que invalidó el decreto 65/581/2023 a través del cual se modificó el procedimiento de comparecencias de servidores públicos del estado.
A propuesta del ministro, Juan Luis González Alcantara, el Pleno del máximo tribunal constitucional declaró parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad con que el grupo parlamentario del PAN impugnó las reformas a los artículos 47 y 130 de la ley interna del Congreso.
La SCJN desechó la impugnación contra el artículo 47 porque fue avalado por unanimidad de votos, pero la declaró procedente en relación al artículo 130 al señalar que solo fue respaldada por 19 votos y no por 24, como lo exigen el artículo tercero y el 109 de la misma ley del Congreso.
Dichos artículos prevén que, cualquier reforma a la ley interna del Congreso debe tener el aval de las dos terceras partes de la asamblea legislativa y no por una mayoría simple, como lo determinó el entonces presidente de la mesa directiva del Pleno, el morenista Isidro Vargas Fernández, quien recurrió a una disposición de la constitución local.
“Entonces, atendiendo ese criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lógica tendrán que ser invalidadas otras reformas que fueron aprobadas por mayoría simple y no por mayoría calificada de 24 votos” refirió.
Recordó que, entre esas reformas están las que se aplicaron, en julio del 2023, a alrededor de 50 artículos de la ley del Congreso, con las que se creo la Junta de Gobierno, como una estrategia de Morena para evitar cumplir una sentencia del Tribunal Electoral del Estado con la que reconocía al diputado panista, Félix Fernando García Aguiar, como presidente de la Junta de Coordinación Política.
Otra reforma que podría ser invalidadas por ese mismo motivo, esta la que concedió a la Junta de Gobierno facultades para designar a un titular interino de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y que fue precisamente la que usó Morena para designar a Francisco Noriega en lugar de Jorge Espino Ascanio.
García Aguiar explicó que en relación a estas reformas, su partido interpuso diversas acciones de inconstitucionalidad, y algunas de ellas están enlistadas para ser resueltas esta misma semana.
