Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El arraigo crónico de las violencias que asolan al país es, en buena medida, consecuencia del abandono de las instituciones de seguridad y de justicia de los tres órdenes de gobierno.
La organización no gubernamental, “Causa en Común”, advirtió que, ante ello la construcción de instituciones de seguridad y de justicia debe apostar por el fortalecimiento y la homologación de sus capacidades técnicas y de flexibilidad operativa para atender las diversas necesidades que se presentan en el país.
Además, dijo, deben prevalecer el respeto al Estado de derecho, la rendición de cuentas y revertirse la militarización en curso.
“El fortalecimiento institucional y el desarrollo de políticas públicas en defensa y en promoción de los derechos humanos, las libertades, las víctimas y la democracia, requieren de un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas del país, así como del permanente acompañamiento de la sociedad civil. Ese es el camino hacia la construcción, en los distintos gobiernos, de una cultura de responsabilidad y de una sociedad más justa y segura” advirtió.
Por ejemplo, en prevención del delito es urgente implementar una estrategia nacional para disminuir la cifra negra, que es integrada por aquellos delitos no denunciados.
La estrategia debe partir de la identificación y el desarrollo de buenas prácticas policiales para el fortalecimiento de la proximidad entre ciudadanía y corporaciones policiales, así como de la promoción de la denuncia oportuna de delitos a través de mesas de trabajo vecinales y vías de comunicación digitales.
También es necesario recuperar fondos federales estables, como lo fue el Programa Nacional para la Prevención del Delito, para financiar un catálogo definido de proyectos dedicados al fortalecimiento de la prevención social de la violencia y la delincuencia.
A la par de ello, deben establecerse programas y medidas, en acompañamiento con la sociedad civil, para enfrentar las violencias en contra de las mujeres.
“En ese sentido, crear unidades especializadas en enfoques y protocolos de género, para la atención, investigación y judicialización de casos de mujeres víctimas de violencias” precisó.
Propuso, además, el diseño de campañas de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, con la participación de autoridades educativas y judiciales de todo el país.