Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Durante el 2022, las agencias del Ministerio Público iniciaron mil 628 carpetas de investigación contra padres que abandonaron a sus familias, un delito que se castiga hasta con tres años de cárcel.
De acuerdo con el reporte estadístico de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Victoria ocupó el primer lugar en denuncias por abandono de obligaciones alimenticias con 493.
Le sigue Matamoros con 334 carpetas de investigación; Reynosa con 331; Tampico con 275; Nuevo Laredo con 99 y Mante con 96.
El Código Penal, en su artículo 295, establece que “comete el delito de abandono de obligaciones alimenticias, el que sin motivo justificado deje de proporcionar a su cónyuge, concubina o concubinario, o a sus hijos, los medios económicos o recursos necesarios para atender las necesidades de subsistencia”.
El mismo numeral prevé las sanciones para quienes incurran en esa conducta delictiva:
“Al responsable del delito de abandono de obligaciones alimenticias se le impondrá una sanción de seis meses a tres años de prisión, privación de derechos relativos a la familia y entrega de las cantidades que no fueron oportunamente suministradas a la familia”.
En casi todos los casos, los acusados argumentan que el incumplimiento de su responsabilidad de proporcionar alimentos a sus hijos se debe a que carecen de empleo, pero ante la ley esa no es una justificante.
