Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Durante el presente año, los agricultores del norte del estado han bloqueado seis veces la carretera Victoria-Matamoros, como medida de presión hacia la Sagarpa para que les pague adeudos por más de mil millones de pesos en subsidios.
Enojados por el burocratismo de la instancia federal, los campesinos se han dedicado a impedir el tránsito vehicular hasta por periodos diarios de ocho horas. En ese lapso solo abrían la circulación en espacios de tiempo de entre 10 y 15 minutos.
Mientras eso ocurría, agentes de la Policía Federal Preventiva y de la Policía Estatal Acreditable, se limitaron a ser testigos mudos del bloqueo.
Es entendible el malestar o la indignación de los hombres del campo por el maltrato que reciben de las instancias responsables de la política agropecuaria del país. Es tanta la pobreza en el sector rural como para que todavía les regateen los pocos apoyos que les entrega.
Sin embargo, hay que decirlo, los derechos de una persona terminan donde empiezan los de la otra, por lo que, haciendo válido ese principio habría que preguntarle al Gobierno federal : ¿Dónde quedaron los derechos de los cientos o miles de automovilistas y transportistas que se vieron afectados al quedar atrapados en kilométricas filas sobre la carretera, a la espera de que los agricultores se les diera la gana de permitirles el paso?.
Insistimos: es justa la exigencia de los agricultores, pero no se vale que en ese afán de reclamar justicia se afecte los derechos de terceros, que ninguna culpa tienen de la ineptitud o irresponsabilidad de algunas dependencias públicas como la Sagarpa.
Por donde se le vea es criticable y condenable el cruce de brazos que han mantenido ante los bloqueos las instancias gubernamentales. En vez de aplicar la ley y hacer uso de la fuerza pública para liberar la carretera, se limitaron a ser simples mirones.
Créame que en situaciones como estas es donde se genera la anarquía social que padecemos. Cuando el Gobierno no es capaz de hacer valer el imperio de la ley lo único que logra es provocar que otros grupos sociales, bajo cualquier pretexto, hagan lo mismo de pisotear o violentar los ordenamientos normativos que nos rigen como ciudadanos.
Lamentablemente son tiempos electorales y es común que, ante situaciones como los bloqueos carreteros, los Gobiernos prefieran hacerse los desentendidos con tal de no generarse animadversión social que se pueda traducir en votos en contra.
Lo cual, le insisto, es condenable porque cuando la autoridad es incapaz o se porta timorata a la hora de aplicar la ley, lo único que consigue es avivar el desorden.
Ojala y que el Gobierno se aplique en no seguir engañando a los hombres del campo, pero ojalá que también entienda que no puede ser tan apática ante infracciones tan evidentes a la ley, porque podría llegar el momento en que la indignación de los afectados por los bloqueos haga crisis y aquello termine en una desgracia.
ASI ANDAN LAS COSAS.