Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Cuando alguien padece alguna enfermedad adictiva los expertos recomiendan que el primer paso para buscar la cura es aceptar que se tiene el problema. Admitir el padecimiento, dicen, es condicionante para iniciar una recuperación.
Pues bien, trasladando esa recomendación hacia la “cancha” de los diputados locales, podríamos decir que la semana pasada acaban de reconocer abiertamente que tienen un gran padecimiento: el desprestigio de su imagen.
Y eso, créame, es ya un gran avance.
Sucede que cuando un amplio sector de la sociedad escucha la palabra diputado, en automático lo relaciona con escándalo, con “transa” y con muchos otros adjetivos descalificativos. La gente casi siempre ve al legislador como alguien cuya función principal es simplemente levantar el dedo para atender la línea de su partido.
Hace algunas semanas, en el Teatro Juárez de Ciudad Victoria, el experto en imagen pública, Víctor Gordoa, hizo una de dinámica con cientos de estudiantes, maestros y público en general. El propósito era demostrar hasta donde es importante la imagen que de cada uno de nosotros tiene la sociedad.
“Yo les voy a decir una palabra y ustedes podrán responder lo que piensen de ella. Se vale de todo” dijo el experto.
“Diputado”, grito Gordoa al micrófono. Ya usted debe imaginarse lo que respondió la multitud. Aquello fue un linchamiento. Traer aquí los descalificativos sería de mal gusto. La idea es solamente demostrar el descrédito social de quienes integran el Poder Legislativo.
Desde luego que hay sus excepciones. Conozco un buen número de legisladores que realmente disfrutan y se esfuerzan por dar lo mejor de sí en esa tarea que tienen encomendada. Más allá de filiaciones partidistas son diputados de tiempo completo que en cada acción privilegian el interés de sus representados.
Lamentablemente son mayoría aquellos que usan la investidura para todo menos para servir a la ciudadanía.
Por eso, le reitero, es bastante saludable que los diputados locales tamaulipecos estén admitiendo que tienen el problema, pero sobre todo que estén buscando soluciones.
Resulta que la semana pasada, en su sesión ordinaria celebrada en Altamira, las bancadas parlamentarias del PRI, PANAL y PVEM, que en conjunto suman casi las dos terceras partes del Congreso, llevaron ante el Pleno una iniciativa de reforma a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado.
“Es necesario perfeccionar la normatividad que regula la conducta y comportamiento de los legisladores, incluyendo una serie de obligaciones cuya observancia nos conduzca a los diputados a comportarnos a la altura de nuestra investidura pública, fortaleciendo el sentido ético en que se sustenta la honorabilidad de éste Congreso”, argumentan los legisladores en su exposición de motivos.
En otras palabras, lo que los diputados quieren es comenzar el camino de la recuperación. Buscan revertir esa imagen desastrosa que de ellos tienen los ciudadanos.
Para ello se impondrán una serie de obligaciones en el texto de su ley, como por ejemplo rendir obligatoriamente su declaración patrimonial, acatar las determinaciones de quien presida el Pleno, los órganos directivos de las comisiones y comités, y emitir su voto salvo excusa legal en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
También sería obligación de los legisladores permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en reuniones; retirar cualquier material o artículos ilustrativos que haya utilizado para su intervención en el Pleno una vez que la sesión haya concluido y abstenerse de hacer uso de la palabra durante las sesiones, si el Presidente no se la ha concedido.
Aunque como le decía ayer, aquí mismo, el cumplimiento de esas obligaciones quedaría al arbitrio de los mismos obligados porque la ley no contempla acciones coercitivas, la sola iniciativa es por lo menos un avance.
Reconocer que se tiene el problema, como advierten los expertos, es un buen primer paso.
ASI ANDAN LAS COSAS.
