Por Redacción Noticentro.
La búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas fue durante muchos años una simulación, lo cual constituye una tragedia para las familias afectadas, denunció María Josefina de León Mendoza.
Al participar en una mesa de debate, denominada, “El papel probatorio de las víctimas en el sistema acusatorio”, celebrada en la Casa de la Cultura Jurídica, “Ministro Fernando de la Fuente Sanders”, dijo que la consecuencia de esa pasividad del agente del Ministerio Público, ha ocasionado que no haya resultado en el avance de 7760 carpetas de investigación de igual número de desaparecidos en la entidad.
“La participación del Ministerio Público fue durante años una participación desde atrás del escritorio, pasiva. No se iniciaba la búsqueda. No se iniciaba nada de lo que necesitamos. Todo era en base a un protocolo de búsqueda de indagar en alguna institución hospitalaria, pero nunca se salió a campo” indicó.
Y añadió: “ Eso fue una gran tragedia para las familias de todos esos desaparecidos porque nunca hubo una real atención de las autoridades. Ni siquiera hubo la aplicación de un simple sentido común de lo que se tenía que hacer”.
Esa situación provocó que muchas de las familias tuvieran que lanzarse a los montes a escarbar en búsqueda de sus desaparecidos, aunque los resultados han sido infructuosos porque los métodos usados por el crimen organizado para desaparecer personas son muy variados.
De León Mendoza detalló que actualmente la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE), tiene 7760 carpetas de investigación de igual número de desaparecidos, de las cuales 1777 han sido iniciadas en los últimos 20 meses.
“Existen en Tamaulipas 7, 760 carpetas de investigación de personas desaparecidas. De ellas, 1777 fueron iniciadas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, (que entró en vigencia el 13 de junio del 2016), y 5,983 son del sistema penal anterior” precisó.
Lo más grave es que el 73 por ciento de los desaparecidos son jefes de familia, lo cual implica que hay mujeres con hijos que quedaron en el desamparo.
Estimó que a la fecha suman en Tamaulipas 22 mil víctimas indirectas, tan solo de personas desaparecidas, a las que hay que añadirle aquellas que también son afectadas por otro tipo de ilícitos.
Admitió que durante la actual administración estatal las autoridades han mostrado mayor empeño en la búsqueda de desaparecidos, en lo cual también está influyendo la creación de una Ley General de Victimas y una Ley General de Desaparición Forzada que impone determinadas obligaciones a los gobiernos.
En esos ordenamientos se establecen y garantizan derechos a las víctimas del delito, entre ellos el derecho a saber dónde están sus familiares desaparecidos; a recibir apoyo en gastos funerales, en servicios de salud, en educación y alimentación para los hijos desamparados, entre otros.
Consideró, sin embargo, que ante el aumento del número de víctimas, la capacidad institucional del Gobierno está siendo rebasada.
Algunos avances contenidos en la ley y que beneficiarán a quienes tienen un familiar desaparecido, es el establecimiento de la reducción a seis meses para los juicios de declaración de ausencia y presunción de muerte, porque ello permitirá que las víctimas indirectas puedan disponer de los bienes del ausente.
“Actualmente hay juicios de esa naturaleza que tardan hasta cuatro años en resolverse” indicó.
De León Mendoza explicó que otro problema grave es el de la desaparición forzada, que es aquella cometida por las mismas policías o fuerzas armadas, porque se trata de una figura difícil de probar.
Por ejemplo, en Tamaulipas existen 23 presuntos casos de desaparición forzada pero no ha sido probado uno solo. A nivel nacional, las organizaciones de la sociedad civil tienen contabilizados 149 casos.