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Fiscal Anticorrupción saldrá de convocatoria pública.

Por Redacción Noticentro.

En la Reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de combate a la Corrupción que hoy presentó el poder ejecutivo al Congreso del Estado, propone elegir al Fiscal Especializado Anticorrupción a través de una convocatoria pública y quien sea elegido durará en el cargo ocho años.
Durante la presentación de la Ley Anticorrupción por el Contralor Mario Soria, el asesor jurídico del gobierno de Tamaulipas Abelardo Perales Meléndez entre otros funcionarios, explicaron que estará en manos del Congreso emitir una convocatoria abierta para la elección del fiscal anticorrupción.
La ley propone la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa, el Fiscal Anticorrupción y un Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción que estará integrado por 9 ciudadanos “intachables” en su actuación porque deberán estar vigilando a los funcionarios y a todo el sistema.
Ahora quien cometa una falta grave, la ley anticorrupción amplia los periodos de investigación y un acto cometido por funcionarios prescribirá después de siete años y las investigaciones estarán a cargo de la Auditoría Superior del Estado.
Soria y Meléndez, confirmaron que Tamaulipas tiene hasta el 19 de Julio como fecha límite para aprobar dicha ley.
Meléndez reconoció que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción “no será autónoma constitucionalmente” y formará parte de la estructura de la Procuraduría General de Justicia del Estado pero sí técnica y operativamente.
Para poner en marcha esta ley, deberá realizarse un estudio de impacto presupuestal ante la creación de los nuevos organismos considerando además habrá recursos honorarios para los miembros del Comité Ciudadano para vigilar a las autoridades ya que no podrán hacer alguna otra actividad. Actualmente el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado no contempla recursos para este proceso de la Ley Anticorrupción.
En la conferencia de prensa, se confirmó que la Reforma contempla que el “enriquecimiento ilícito va ser causa de extinción de dominio” pero no tendrá efectos retroactivos.
Sin embargo, Abelardo Perales confirmó que esto, no significa que no se vaya a investigar a funcionarios de administraciones pasadas pero será evidente que no les quitarían los recursos económicos.

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