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La justicia y su prueba de fuego.

ROGERPor ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.

Once elementos de la Policía Estatal Acreditable enfrentarán un proceso por la muerte del joven Cristian de Jesús Reyna Ortiz, a quien dieron muerte de un balazo en la espalda el pasado 22 de agosto en Tula. Un comandante y un agente fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y abuso de autoridad, y nueve más serán juzgados solo por el segundo de los delitos.
La familia de la víctima sostiene que los policías dispararon sin razón contra el joven y varios acompañantes con quienes viajaba en una camioneta, mientras que los agentes aseguran que repelieron una agresión.
En sujeción a los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, entre ellos el de presunción de inocencia, sería irresponsable dejarnos llevar por el sentimiento de indignación que envuelve a una gran parte de los tultecos, que acusan a los policías de haber cometido un crimen con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, y en consecuencia de ello someter a los acusados a un juicio sumario para declararlos mediáticamente responsables.
Es entendible y justificada, desde luego, la irritación social que la muerte de Cristian de Jesús ha originado en Tula. Sin embargo, no por ello podemos, como sociedad, declarar culpables a quienes no les han probado culpa en un juicio como lo mandata la Constitución.
Es válido que nos solidaricemos con la familia de Cristian. Por naturaleza humana es normal que mostremos un rechazo y repudio a los excesos de los servidores públicos y más cuando se trata de policías.
Sin embargo, insisto, no podemos como sociedad dejarnos influir por esa solidaridad humana que nos brota natural, y linchar o enjuiciar , sin que haya de por medio un juicio penal, a quienes son acusados del crimen.
De hecho, este juicio contra los policías será la primer prueba de fuego para los operadores del sistema de justicia penal, tanto en el ámbito de la procuración como de la impartición de justicia. Desde julio del 2013 cuando se inició la implementación gradual del modelo acusatorio y oral, hasta ahora en que ya el sistema lleva poco más de dos meses operando en todo el territorio y para todos los delitos, es la primera vez en que ocurre un caso de esta magnitud.
Veremos hasta donde son reales las virtudes y bondades que muchos le ven a la justicia oral. Solo esperamos que el resultado del juicio se sustente en pruebas que conduzcan a la verdad de lo sucedido en Tula, y no en fallas o ineptitudes de los operadores jurídicos.
Dicho en otras palabras, esperemos que el veredicto de inocente o culpable para los policías, se derive de la existencia de suficientes y contundentes evidencias que así lo demuestren, y no en deficiencias o torpezas de quienes intervengan en el juicio.
EL RESTO.
Por lo demás, la oportunidad es propicia para insistir en el gran número de quejas que existen ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra la Policía Estatal Acreditable, por abusos cometidos contra ciudadanos.
En este mismo espacio, el pasado 25 de agosto, escribimos al respecto. De aquello solo le traigo dos párrafos: “Las policías, en particular la Policía Estatal Acreditable, están convertidas en una grave amenaza social. La ciudadanía ve con miedo a los agentes de esa corporación. Uno debería sentirse seguro cuando una patrulla le ordena detenerse para una revisión. Pero no, lo que se siente es temor”.
“Desde luego que el asunto es grave. Pero lo es más por la actitud de brazos cruzados que asumen los obligados a ponerle un alto. Nadie mueve un dedo para frenar tanto atropello contra la población”.
Esperemos que algunos se sientan aludidos y actúen en consecuencia.
ASI ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com

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