Por José del Carmen Perales Rodríguez
En eso se convirtió el jueves pasado el Congreso del Estado, en una vaporera, para palomear a ojo de buen cubero, que para eso se pintan solos no todos pero sí muchos de los también mal llamados representantes populares, 140 cuentas públicas en las que se debió informar y comprobar cómo y en qué se gastó el dinero que proviene directamente del sudor de la frente de millones de trabajadores, que como usted y yo devengamos un sueldo que antes pasa por la rasuradora fiscal.
La noticia de que se legitimaban el buen y mal uso de los fondos públicos en entes estatales y ayuntamientos, se difundió como si se tratara de algo normal, tradicional, algo así como lo que ocurre ya con los cotidianos hechos violentos o con el repentino descubrimiento de actos de corrupción en el más alto nivel oficial, situación que en cualquier otro país llamarían a la protesta generalizada, cuando paradójicamente la acción de los legisladores locales es prácticamente una legitimación a ojos cerrados de la impunidad precisamente en un recinto del que deben salir leyes para erradicarla.
Desde luego que debe haber sus honrosas excepciones pero seguramente son las menos, desafortunadamente la constancia de que sí hay motivos para revisar a fondo algunas cuentas sobre todos municipales está en manos de la propia sociedad, que lamentablemente está muy acostumbrada a callar para evitar corajes al ver cómo unos le cuidan las espaldas a los otros operando o más bien maquinando desde los tres poderes del Estado según sea el caso.
Porque precisamente en las cabeceras de municipios desde medianos hasta pequeños es imposible pasar desapercibido que hay un nuevo rico, que los bienes muebles e inmuebles han crecido, que la casa modesta del candidato ha pasado a ser el aposento real del futuro ex alcalde ahora convertido en terrateniente, cuyos excesos han sido, insisto, legitimados por la agonizante aplanadora priista, que se convirtió en el freno de mano al combate a la corrupción y el mal uso de los recursos del pueblo.
La tregua que dará el mayoriteo priista en el Poder Legislativo seguramente, al menos eso espera el pueblo tamaulipeco, se convertirá en un rompeolas de la galopante impunidad en que se vive en Tamaulipas y que no sólo se refleja en hechos violentos o situaciones de riesgo, sino también en quebrantos al erario público.
Esperemos que como lo dijo el sábado el gobernador electo Francisco Javier García de Vaca, este sexenio marque el fin no sólo de los gobernadores intocables sino también de los alcaldes y ex alcaldes, diputados y ex diputados, de funcionarios y ex funcionarios, de todos los que hagan mal uso y se apropien de los recursos que sólo les toca administrar.
APUNTE.- La transición sigue siendo mal interpretada por muchos que desde cualquier tribuna real o virtual exigen un cambio a base de linchamientos, sobre todo en redes sociales, sin reparar en que se llevan de encuentro imagen y prestigio de gentes y entes.
Lo grave aquí sería que desde las filas del relevo estuvieran alentándose estas estrategias, que pondrían en entredicho el anhelado y multipublicitado cambio. Es cierto que muchos se tienen qué ir y a otros tantos incluso se les tiene que perseguir, pero eso debe ser salvaguardando las instituciones que son las que trascienden a las personas.
PENDIENTE.- El gobernador electo afirma que le heredarán una deuda pública de 17 mil millones de pesos, pero IMCO dice son «sólo» 12 mil millones de pesos. ¿Comienza la danza de los millones?
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