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Padece Tamaulipas rezago normativo en derechos humanos.

Por Redacción Noticentro.

Tamaulipas padece un rezago normativo en materia de derechos humanos, sobre todo en relación con los grupos más vulnerables de la sociedad, como son las mujeres, los discapacitados y los adultos mayores, afirmó José de Jesús Guzmán Morales.
El director de la agencia de Derechos Humanos DHecir, admitió que durante los últimos cinco años se han realizado adecuados al marco normativo de la entidad, pero todavía falta mucho por hacer.
“Tamaulipas ha visto adecuadas distintas normas para ser armónicas con la Constitución y los Tratados Internaciones en materia de Derechos Humanos, pero aun así tenemos rezagos en relación con la protección a las mujeres, los discapacitados y los adultos mayores , que son los grupos más desprotegidos de la sociedad” indicó.
Por esa razón, dijo, uno de los retos de la próxima administración estatal será avanzar en la actualización normativa en la defensa de la dignidad de los tamaulipecos.
El también catedrático en Derecho señaló que a nivel institucional la defensa de los derechos humanos enfrenta dos grandes obstáculos.
Uno de ellos, explicó, es la falta de servidores públicos e instituciones pensadas con perspectiva de derechos humanos.
“Hace falta un servicio profesional de carrera para servidores públicos, lo cual precisamente en estos momentos de transición ayudaría a que muchos de los servicios que tienen que ver con los derechos de las personas no sean interrumpidos” indicó.
Es necesario, además, que el Gobierno diseñe presupuestos con perspectiva de derechos humanos, lo que significa que el recurso a gastarse sea pensado en acciones que tengan que ver con el respeto a las personas.
Un segundo obstáculo es la poca cultura de respeto hacia la persona, por lo cual es necesario que desde las instancias oficiales se promueva el respeto de los derechos humanos.
Por otra parte, Guzmán Morales pronostico un incremento de amparos con perspectiva de la sociedad civil, como el promovido recientemente por empresarios del sur del país, en el que reclaman al Gobierno federal poner freno a los daños y perjuicios que les ha ocasionado las marchas y bloqueos de los maestros.
Consideró que las organizaciones de la sociedad civil serán el canal para defender derechos económicos y sociales como el de la vivienda digna, la salud y seguridad social, entre otros.

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