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Prolongan impunidad a menores delincuentes.

 

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Los menores que cometen delitos del orden federal seguirán recibiendo impunidad, entrando a prisión por una puerta y saliendo por la otra, debido a que el Congreso de la Unión prorrogó hasta junio del 2018 la entrada en vigor de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

 

El Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Tamaulipas, Pedro Lara Mendiola, explicó que la Ley Federal de Justicia para Adolescentes debió tener vigencia a partir del 27 de diciembre del 2014, como lo establecía el primer artículo transitorio del decreto aprobado en 2012 por la legislatura federal.

 

Sin embargo, en noviembre del 2014, el Congreso federal modificó el numeral transitorio para aplazar al 18 de junio del 2016 la entrada en vigor de dicha ley, que será la misma fecha en que deberá iniciar la operación en todo el país del sistema acusatorio penal.

 

Ante ello, serán los Jueces estatales, quienes, indebidamente y como ha sucedido durante los últimos diez años, sigan conociendo de los casos de aquellos menores que les son consignados por la comisión de delitos federales.

 

“Esa prórroga en la entrada en vigor de la ley mantiene el vacío de casi una década en el sistema de justicia para adolescentes. Debemos recordar que hay un principio fundamental en derecho que dice que si no hay una norma no se puede sancionar, y la consecuencia es de que los Jueces terminan liberando a todos aquellos menores que cometen delitos del fuero federal porque no hay una ley para aplicársela” indicó.

 

De hecho, dijo, ni siquiera los Jueces estatales deberían estar conociendo de aquellos casos de menores puestos a su disposición por delitos federales, ya que con ello incurren en responsabilidad al violar disposiciones constitucionales, sobre todo aquellas contenidas en el artículo primero de la Constitución federal.

 

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, a través de una jurisprudencia, que al no haber Jueces federales deberían ser los estatales quienes conocieran de los casos de menores detenidos por delitos del fuero federal, pero en estricto rigor jurídico una jurisprudencia no le puede atribuir competencia a nadie” mencionó.

 

Y añadió: “para los estados es una carga porque tienen que conocer de asuntos que no son de su competencia, pero lo peor es que eso no produce resultados porque los menores entran por una puerta y salen por otra. Los jueces estatales los reciben y los tienen unos días, semanas o meses, pero terminan liberándolos porque no hay ley para sancionarlos”.

 

El Juzgador de segunda instancia lamentó la lentitud con que la federación actúa en el tema del sistema de justicia para adolescentes, porque además de que ya han transcurrido diez años sin que exista Ley Federal de la materia, tampoco ha creado los centros de internamiento en donde recluirá a los menores, a partir de junio del 2016, cuando ponga en vigor el ordenamiento jurídico.

 

“Ese es otro problema grave, que no hay la infraestructura necesaria en inmuebles, y mucho menos existen los especialistas que atenderán a esos menores detenidos, como psicólogos, trabajadores sociales, policías, etcétera” indicó.

 

Dijo que el Gobierno mexicano no ha asimilado la importancia y trascendencia que tiene la justicia para adolescentes, porque a diferencia de los adultos, donde el propósito de la norma es sancionar con prisión a quien comete un delito, en el caso de los adolescentes el objetivo es simplemente reincorporarlos a su familia para que no vuelvan a delinquir.

 

“Por eso es importante que, además de la ley, se genere toda la infraestructura física y el personal necesario para tratar de reencauzar socialmente a todos esos menores que se ven implicados en un delito” indicó.

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